El Gobierno vasco acordó ayer requerir de incompetencia al Consejo de Ministros por un real decreto de noviembre que regula algunos complementos retributivos del personal de la Administración de Justicia, excepto jueces, fiscales y secretarios.
Si el Gobierno central no atiende el requerimiento, el Ejecutivo vasco interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. El Ejecutivo autonómico entiende que el decreto en cuestión incumple la legalidad desde la perspectiva de la competencia y el ámbito de actuación de la comunidad autónoma y también argumenta que la aprobación del régimen de retribuciones no respetó los plazos para la remisión de un informe previo del Gobierno vasco. El decreto omite cualquier alusión a la normativa autonómica en cuanto a indemnizaciones por gastos en razón del servicio y tampoco refleja el coste del aumento de las retribuciones en los Presupuestos del Estado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de enero de 2001