El traslado a los empleados públicos de la Generalitat y los ayuntamientos valencianos de la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la congelación salarial impuesta a los funcionarios del Estado por el Gobierno del PP en 1997 costará unos 63.000 millones de pesetas, según estimaciones de los sindicatos, que invocaron ayer un acuerdo alcanzado con la Generalitat en febrero de 1995 que es idéntico al que ha sido ratificado por el fallo judicial.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de enero de 2001