El abogado y catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz-Machado manifiesta que 'cabe siempre el recurso de casación en interés de ley', pero en ese caso la sentencia que en su día dictara el Tribunal Supremo 'debe limitarse a establecer la interpretación correcta de la legalidad, teniendo que respetar (...) la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida, lo que supone que la obligación de incrementar las retribuciones se mantendría en todo caso'.
En cuanto al recurso de casación ordinario, Muñoz-Machado cree que el Gobierno 'tal vez pueda intentarlo', si se acoge a que la sentencia ha declarado nula una disposición de carácter general. El catedrático puntualiza que la sentencia 'no declara nula la Ley de Presupuestos, pero en verdad la deja sin ningún efecto, lo que es una situación que pudiera parangonarse'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de enero de 2001