El 42% de las exportaciones españolas de armas tiene como destino países que incumplen la legislación de la Unión Europea (UE), según revela el Informe 2001: Criterios para autorizar o denegar las exportaciones de armamento, presentado ayer y realizado por la Cátedra Unesco sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los criterios del Código de Conducta de la UE establecen, entre otras cuestiones, la prohibición de exportar armas a países que no respeten los derechos humanos, a los que se encuentren en conflicto o con tensiones internas, a los sancionados o embargados por Naciones Unidas y a los que alienten el terrorismo o a aquellos que practiquen ventas de armas a terceros países.
Según este código, tampoco se pueden exportar armas a lugares donde la presencia del armamento enviado implique la desestabilización del orden en la región o a zonas donde la compra del armamento implique un retraso en el desarrollo del país. De esta manera se dan los casos de países que importan armamento pese a sufrir una deuda externa del 100% de su producto interior bruto (deben el equivalente a lo que producen en un año) o que compran armas a costa de tener un gasto en sanidad y educación muy inferior al armamentístico.
Además, el informe, elaborado dentro de la campaña Adiós a las armas que llevan a cabo las ONG Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón y Médicos Sin Fronteras, expone que España ha vendido armas a países que están suscritos a moratorias internacionales. Tal sería el caso de Ghana. Pese a estar sujeto a la moratoria del ECOWAS (Comunidad Económica del África Occidental), por la cual este país africano se ha prohibido a sí mismo la compra de armas tras convertirse en un punto de distribución de armamento hacia otros conflictos de la zona, ha recibido de España 'cuantiosas cantidades de munición'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de enero de 2001