Los inspectores de la Consejería de Educación, que dimitieron en bloque el pasado miércoles para reivindicar la mejora de sus condiciones laborales y la homologación de sus salarios al del resto de comunidades, advirtieron ayer a la Junta de que radicalizarán sus protestas si la consejera de Educación, Cándida Martínez, no cuenta con ellos para consensuar el borrador del decreto que regula la organización y funcionamiento de la inspección educativa, pendiente desde 1995, y que ultima su departamento.
Así lo anunció ayer el secretario regional de Enseñanza de UGT, Antonio Fortes, quien aseguró que el cuerpo de inspectores irá a la huelga si en la reunión de la mesa sectorial, prevista para el próximo jueves, Martínez no se compromete a modificar el actual proyecto de decreto, documento que los funcionarios rechazan al considerar que 'implica que la inspección dependa excesivamente del gobierno de turno', ya que no les concede la autonomía suficiente para realizar su labor en función a criterios meramente educativos.
Por su parte, el viceconsejero de Educación, Sebastián Cano, aseguró ayer que la renuncia del 95% de los inspectores, a quienes recordó que 'un funcionario no puede dimitir', no afectará al funcionamiento de la comunidad educativa. Cano lamentó que algunos representantes sindicales critiquen el proyecto de decreto sin haberlo analizado y les emplazó a volver al 'clima modélico' en el que transcurrían las negociaciones antes del plante.
Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida han solicitado la comparecencia de la consejera de Educación en el Parlamento, a la que acusan de querer convertir a los inspectores en 'comisarios políticos para esconder las deficiencias del sistema educativo andaluz'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de enero de 2001