El vicepresidente Mariano Rajoy anunció la presentación de un recurso de casación contra el fallo judicial. Si el recurso no prospera y hay que cumplir la sentencia, el Gobierno entiende que corresponde a las administraciones autónomas y locales financiar al menos dos tercios del coste final. A la Administración central, según esta tesis, sólo le correspondería pagar los atrasos de sus funcionarios: 620.000 millones de los 2,1 millones de empleados que integran la plantilla de todas las administraciones públicas. Los gobiernos de Cataluña (CiU), Valencia (PP) y País Vasco (PNV-EA) rechazaron que la sentencia pueda afectar a sus funcionarios.
Los grupos parlamentarios de izquierda (IU, PSOE, IC) presentaron ayer proposiciones no de ley en el Congreso pidiendo al Gobierno que cumpla la sentencia. El secretario general de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, exigió al Ejecutivo que abra las negociaciones con los sindicatos y propuso una fórmula de pago aplazado en cuatro años de la deuda.
El sindicato CC OO movilizará desde hoy a más de 2.500 afiliados por los centros de la Administración pública para explicar cómo reclamar la deuda, que supondría 203.000 pesetas para los funcionarios con unos ingresos de 1,5 millones anuales, y 677.000, para los que ganen cinco millones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de enero de 2001