El poder judicial está representando el único contraste real a los otros dos, fundidos en uno: el legislativo y el ejecutivo, reunidos por la mayoría absoluta y no sólo por ella: por la desaparición de los partidos menores y por la debilidad y a veces concordancia con la oposición mayor, aunque en los últimos meses los dislates de esa coyuntura estén castigando al partido que tiene en sus manos el Gobierno y las Cortes. Algunas leyes tratan de dominar el poder judicial, como las que eligen a los miembros del Constitucional en relación con el reparto del Congreso, y los del nombramiento de fiscales gubernamentales. Nunca las tres divisiones clásicas (Montesquieu) del poder han estado realmente definidas, incluso porque las tres proceden de una misma clase social. En la época de Franco no era necesario pensar en tal división, y en las oposiciones se distinguía a los afectos al Movimiento, aunque en los últimos tiempos las asociaciones como la de Jueces por la Democracia empezaban a marcar una diferencia notable. Sin embargo, proclamada la democracia, parecía difícil hacer distinciones. Las sigue habiendo, y en las grandes sentencias los votos particulares las muestran. Las últimas sentencias frente a decisiones del Gobierno, la de la denegación o restricción del indulto a Gómez de Liaño y la de los derechos de los funcionarios a tener aumentos de sueldos son muy notables. La primera no tiene más importancia que la de la prevalencia de la justicia y la de advertir al Gobierno que no puede quebrantar leyes para hacer jueces a su imagen y semejanza; la segunda es más grave porque supone más de medio billón de pesetas a desembolsar. Hecha como una medida para que la inflación la pagase una clase determinada de trabajadores en lugar de las medidas sobre precios era una injusticia. Es posible que otras leyes, como la de inmigración, fueran rebatidas si alguien las denunciase: no es posible ir contra los derechos humanos definidos por legislaciones supranacionales. No sé hasta cuándo durará esta situación irregular de la judicialización de la política. Puede que hasta unas elecciones donde la tendencia al absolutismo de Aznar se quiebre, o pierda la mayoría. Pero puede ocurrir que Aznar penetre en la justicia y logre un poder único. Muy de temer, dada su naturaleza represora.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de enero de 2001