La Generalitat considera que los costes que podría acarrear al erario público la revisión de los salarios de los empleados públicos que exige la sentencia de los funcionarios dictada por la Audiencia Nacional corresponde al Gobierno, que exigió su congelación en 1997.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 27 de enero de 2001