En los centros de investigación españoles hay cerca de 15.000 licenciados y doctores que son considerados personal en formación y que carecen de derechos laborales tan básicos como la cotización a la seguridad social, baja por enfermedad o prestación por desempleo. Con este trabajo se soporta una parte muy importante de la investigación de este país -que en muchas universidades además va acompañado de la responsabilidad de tareas docentes- a cambio de becas más bien escuetas (en torno a las 115.000 pesetas).
Sin embargo, lo que se pide no es un aumento salarial, sino el hecho de poder asistir al médico; coger una baja si se está enfermo como cualquier otro trabajador, para no llegar a los 30 o 35 años, sin haber cotizado ni un duro a la Seguridad Social, pese a haber trabajado sin pausa desde el final de la carrera. No parecen peticiones estrafalarias.
Pues la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, gracias a los votos del PP y a la abstención de CiU, ha negado esos derechos, pese a contar con los votos favorables de IU, el PSOE y el Grupo Mixto.
El próximo 2 de febrero la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios presentará en Madrid un Manifiesto que ya cuenta con el respaldo de más de 20.00 investigadores de plantilla (profesores de universidad, investigadores del CSIC y de otros centros), en el que se reiteran todas estas reivindicaciones:
1.-El reconocimiento de la labor productiva desarrollada por el Personal Investigador en Formación y Perfeccionamiento.
2.-La sustitución del actual sistema de becas de investigación por otro de contratos que proporcione a este colectivo la cobertura social que todo profesional merece.
3.-La promulgación de una ley de mínimos, aplicable a todos los organismos, que unifique las características de los contratos en lo relativo a derechos y obligaciones.
4.-Que se afirme y estimule la red española de investigación a través de un gasto dedicado a I+D y a la formación del personal investigador.
Ante estas demandas de todo el tejido investigador español el Gobierno debería recapacitar. Las promesas electorales vagas sobre el crecimiento del gasto en I+D no son suficientes. La situación es insostenible y los jóvenes investigadores estamos decididos a cambiarla.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de enero de 2001