Quiero expresar mi profundo sentimiento de desacuerdo con la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería del Partido Popular, que lesiona gravemente los derechos humanos básicos de miles de personas y cuya aplicación puede abocarles a la miseria, la delincuencia y la desesperanza. Una vez más, la legalidad y la justicia no coinciden. Como decía en una entrevista el embajador ecuatoriano en nuestro país, se trata sencillamente de 'poner orden' en un problema complejo, doloroso e inevitable, con la misma energía y voluntad que se aplica en otras cuestiones en las que se ventilan intereses personales, económicos o partidistas. A nadie se le puede negar el derecho a la libre circulación como ciudadano del mundo, lo que, por otra parte, es consecuencia de las estructuras socioeconómicas -profundamente injustas- de nuestra sociedad y de los graves desequilibrios entre los países del norte y del sur del mundo.
Como creyente, lamento también que la Iglesia no haya pronunciado todavía una palabra pública, clara y oportuna sobre un tema tan sangrante, donde se ponen en juego valores evangélicos fundamentales, como la acogida, la solidaridad, la justicia y la misericordia.
Pero no sólo deseo expresar mi sentimiento, sino manifestar también mi voluntad sincera -compartida por muchísimas personas- de trabajar solidariamente para que esta lamentable ley sea lo menos dañosa posible -o al menos para atenuar sus efectos- y para contribuir a una vida más digna de tanta gente que busca entre nosotros su supervivencia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de enero de 2001