El alcalde de Órgiva (Granada), Adolfo Martín Padial, del PP, dictó la semana pasada un decreto en el que prohibe a un abogado que represente a un vecino en un conflicto urbanístico. El decreto admite que el alcalde pueda recibir al vecino pero en cambio 'no estima conveniente ni necesaria la presencia de abogado ni que por su parte se hagan alegaciones de forma oral'. El letrado, Miguel Ruiz del Almodóvar, calificó el decreto de 'inaudito' y anunció que expondrá lo sucedido ante su colegio.
En el razonamiento del decreto el alcalde precisa que 'no parece conveniente el que se reproduzcan de forma oral las alegaciones (...) aunque esta Alcaldía no tiene inconveniente alguno (...) en mantener si se considera oportuno alguna reunión con el representado sin que sea necesaria la presencia de abogado'. El letrado estima que el alcalde ha negado en la práctica a un vecino que se explique mediante un representante legal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de enero de 2001