Francesc Molina no quiso aportar nombre de ninguno de los despachos que supuestamente han pedido hasta 400.000 pesetas a inmigrantes y señaló que no tiene constancia de caso alguno en el que se hayan abonado estas cantidades, 'principalmente por las carestías económicas que sufre este colectivo social', añadió. El portavoz sindical arremetió contra los empresarios a quienes acusó de 'favorecerse' de la situación que atraviesan los inmigrantes ilegales. 'Se está manteniendo una actitud absolutamente hipócrita. La patronal está encantadísima con la situación a la que se ven sometidas a estas personas', dijo. Molina agregó que la falta de mano de obra había hecho subir las reivindicaciones de los trabajadores en general. Esto, en su opinión, ha movido a los empresarios a 'echar mano' de los inmigrantes para cubrir necesidades de trabajo a un menor costo.
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En Castellón, los representantes de la Federación Provincial de Agricultores de Castellón (Fepac) y la Unió de Llauradors i Ramaders, Doménech Nácher y Vicent Goterris, respectivamente, se reunieron ayer con el subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral, para posibilitar la contratación de inmigrantes para la próxima campaña de hortalizas. Goterris cifró en 500 los trabajadores necesarios para la próxima recolección de la alcachofa, la lechuga y las distintas hortalizas de verano para la provincia de Castellón y pidió un aumento de la regularización de sin papeles.. Sin embargo, Sánchez Peral les comunicó que la ley impide esta acción. Tanto Goterris como Nácher indicaron que se ha producido una 'fuga' de los inmigrantes legales que trabajaban en el campo hacia otros sectores que les aseguran mayor estabilidad laboral. El subdelegado del Gobierno les propuso realizar una reunión entre los alcaldes de los municipios afectados para que se proporcione alojamiento a un grupo de trabajadores que sea compartido entre varios propietarios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de enero de 2001