Comisiones Obreras calcula que la aplicación de la sentencia de la Audiencia Nacional, que ha anulado la congelación salarial a los funcionarios en 1997, costará alrededor de 30.000 millones de pesetas en el País Vasco.
El sindicato, que realizó ayer una valoración del fallo, defiende que esta sentencia beneficia a todos los trabajadores, 'transferidos o no a la comunidad autónoma vasca', que ascienden a 92.365 funcionarios, y pidió al Gobierno central y al PNV que afronten las consecuencias.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de enero de 2001