La Comisión Europea advirtió ayer de que el Gobierno español deberá justificar en Bruselas su veto a la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por la eléctrica portuguesa EDP sobre Hidrocantábrico. Sólo si el Ejecutivo español demuestra que la oferta es contraria a 'intereses legítimos' nacionales puede vetar la operación, que, en cualquier caso, debe ser notificada a la Comisión, por ser la que tiene la máxima competencia para decidir sobre ella.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de enero de 2001