El Gobierno de José María Aznar hizo llegar ayer a la Audiencia Nacional un escrito con el que inicia los trámites para la presentación formal ante el Tribunal Supremo del anunciado recurso de casación contra la sentencia que anula la congelación salarial impuesta por el PP en 1997 a los funcionarios. El recurso del Ejecutivo, que muy probablemente será admitido a trámite, bloqueará el cumplimiento del fallo judicial, que supondría un gasto para las administraciones públicas de hasta 900.000 millones de pesetas en el pago de atrasos a 2,1 millones de funcionarios.
Los recursos de casación que se presentan ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo tardan en resolverse, de media, entre tres y cuatro años. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguran que la sentencia de los funcionarios, por la tormenta política que ha desatado, sería tramitada en un plazo inferior.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, arremetió ayer en Sintra (Portugal) contra el secretario general de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, por defender el cumplimiento de la sentencia y el pago de los atrasos a los funcionarios en un plazo de cuatro años. Aznar, sin citarle, se refirió al dirigente socialista en los siguientes términos: 'Hay personas que no meditan suficientemente lo que dicen'.
Tras conocer que el Gobierno había puesto en marcha los trámites para recurrir ante el Supremo, el secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, anunció la convocatoria 'inmediata' de 'movilizaciones masivas' en la Administración para que el Gobierno pague los atrasos. Las acciones, según la estrategia de CC OO, pretenden culminar con una huelga general en mayo o junio si no hay una respuesta del Ejecutivo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de enero de 2001