El documento, de siete folios y 19 artículos, al que ha tenido acceso EL PAIS, está redactado en español y en árabe, no hace mención a los inmigrantes que se hallan en situación irregular -evaluados en al menos unos 30.000- y restringe su ámbito de aplicación 'a los ciudadanos marroquíes autorizados a ejercer una actividad remunerada por cuenta ajena en el territorio español'.
La oferta consiste en comunicar periódicamente a las autoridades marroquíes 'el número y las características de las necesidades de mano de obra' en España. La selección de los trabajadores correrá a cargo de una comisión mixta hispano-marroquí, integrada por representantes de ambas administraciones y, acaso, de empresarios y hasta de ONG.
Los seleccionados deberán someterse 'a un examen médico y, en su caso, a un periodo previo de formación'. Esto significa que instituciones españolas impartirán en suelo marroquí, directamente o mediante acuerdos con centros locales, clases de formación profesional.
Cuando concluyan esos trámites, los candidatos a la emigración recibirán el visado de entrada en España y firmarán su contrato. El Gobierno español ha querido dejar la puerta abierta para que, cuando expire la relación laboral, se aliente el regreso del inmigrante marroquí, aunque éste no sea temporero.
Trabajadores temporeros
De ahí el artículo del documento que insiste en la necesidad de poner en marcha, entre Madrid y Rabat, 'programas de ayuda al retorno voluntario de trabajadores migrantes marroquíes'.
El retorno tiene además, prosigue el texto, 'el valor añadido que supone la experiencia de la emigración como factor de desarrollo económico, social y tecnológico'.
La oferta española abarca también a los trabajadores temporeros marroquíes, pese a que a finales de 1999 ambos Gobiernos ya firmaron un convenio laboral sobre estos inmigrantes.
A estos trabajadores, que suelen desplazarse a España para llevar a cabo actividades agrícolas de temporada, se les exigirá que acudan a su regreso al consulado que les expidió el visado en Marruecos, para probar así que han vuelto a su país. Si no lo hacen, no podrán ser nuevamente contratados en España.
A lo largo de sus 16 meses de existencia el convenio sobre temporeros ha dado escasos resultados. De los primeros 20 trabajadores que viajaron a Guadalajara para recoger espárragos no regresó ni uno a Marruecos cuando concluyó su contrato. 'Se esfumaron', comenta un diplomático español residente en Rabat.
Para evitar que se reproduzca el problema, empresarios y autoridades españolas decidieron que una parte de los sueldos les sería pagada a su regreso a Marruecos a través de un banco local. La medida es de dudosa legalidad pero ha surtido efecto.
Sólo 200 trabajadores marroquíes se han acogido hasta ahora a este convenio para temporeros. 'La culpa la tienen en parte los empresarios españoles, que prefieren contratar a ilegales en lugar de temporeros a los que hay que pagar el viaje y la seguridad social mientras residen en España', añade el mismo diplomático.
A cambio de su ofrecimiento laboral, Mayor Oreja hace en el documento un velado llamamiento al Gobierno marroquí para que controle mejor la emigración que desde su costa septentrional llega a España.
'(...) Las autoridades españolas y marroquíes profundizarán en la cooperación para el control de los flujos migratorios', reza el texto. 'Esta cooperación abarcará, asimismo, una mayor coordinación en la lucha contra la inmigración irregular, el fraude documental y, especialmente, el tráfico ilícito de seres humanos'.
Mientras las fuerzas de seguridad españolas detuvieron a lo largo del año pasado a 15.000 inmigrantes irregulares en las costas andaluzas, en su gran mayoría marroquíes, la Marina Real y la Gendarmería apresaron tan sólo a 2.039.
Los marroquíes que salen ilegalmente de su país suelen ser condenados, cuando son devueltos por España, a un mes de prisión, pero la pena queda en suspenso. Para los tripulantes de las pateras la pena se sitúa en torno a los ocho meses, según informa Pedro Canales desde Rabat.
El Ministerio del Interior español quiso también llevar a cabo el año pasado una campaña de publicidad, en las grandes ciudades del país vecino, para disuadir a los marroquíes de lanzarse a la aventura de cruzar al Estrecho. El escaso entusiamo de sus interlocutores marroquíes les llevó a renunciar al proyecto.
Otra preocupación de Mayor Oreja es el deficiente cumplimiento del acuerdo de repatriación de inmigrantes que a principios de los años noventa firmó su predecesor José Luis Corcuera con el entonces todopoderoso ministro Driss Basri.
Rabat readmite a sus ciudadanos, pero se niega a aceptar a los subsaharianos e incluso a los argelinos. Al carecer de documentación, que suelen destruir en el camino, y, por supuesto, de billetes, las autoridades españolas no pueden demostrar que las pateras en las que llegaron los irregulares zarparon de la costa marroquí y, por lo tanto, no pueden ser devueltos.
Ante las quejas españolas, los ministros marroquíes suelen contestar que no ahorran esfuerzos para controlar sus fronteras, pero también hacen hincapié en que son un país pobre cuyas fuerzas de seguridad no tienen medios suficientes para vigilar eficazmente su costa.
Por todas estas razones y porque Marruecos nunca ha mostrado gran interés por sus colonias en el extranjero, los diplomáticos españoles en Rabat se hacen pocas ilusiones sobre cuál será la reacción oficial a la oferta que les trasladó Mayor Oreja hace diez días. En la conferencia de prensa de los dos ministros del Interior, Midaoui echó balones fuera cuando se le pidió una valoración.
La única decisión concreta que se tomó entonces fue la creación de un grupo de trabajo para estudiar la oferta, pero no se sabe todavía cuál es su calendario de reuniones y se ignora incluso quién lo compone. 'Para los marroquíes, la mejor manera de enterrar un asunto es crear un grupo de trabajo', se lamenta un diplomático.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de febrero de 2001