Los 10 consejeros mencionados, propuestos en su día por el PSOE, IU y PNV, defenderán en el próximo pleno del CGPJ -del que forman parte además su presidente y otros 10 vocales- que se solicite al Gobierno que revoque su acuerdo del viernes último sobre promoción de un conflicto de jurisdicción frente al Supremo, y subsidiariamente, si el Ejecutivo no accede a esa revocación, plantear conflicto de atribuciones contra el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.
La propuesta se ajusta a lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, según la cual cuando un órgano como el CGPJ 'estima que otro de dichos órganos [como el Gobierno] adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas confieren al primero, éste se lo hará saber así dentro del mes siguiente a la fecha en que llegue a su conocimiento la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y solicitará de él que la revoque'. Si el Gobierno 'no rectificare', el CGPJ 'planteará el conflicto ante el Tribunal Constitucional', según dicha ley.
MÁS INFORMACIÓN
- 10 vocales del Poder Judicial no quieren que el Gobierno imponga a Liaño como juez
- El ex juez Liaño pide esta semana su reingreso en la judicatura
- Liaño pide al CGPJ su reintegro en la carrera judicial
- Un informe pedido por el presidente del Poder Judicial avala el reingreso inmediato de Liaño
- Dos de las tres asociaciones judiciales creen que los antecedentes penales de Liaño están vigentes
Petición al Ejecutivo
El 31 de enero, López Guerra, como presidente en funciones por ausencia de Delgado, pidió al ministro-secretario del Consejo de Ministros 'certificación literal del acuerdo adoptado el 26 de enero' sobre planteamiento de conflicto de jurisdicción frente al Tribunal Supremo.
Los 10 consejeros piden que el CGPJ entienda que ese conflicto 'constituye una actuación encaminada directamente a la asunción por el Gobierno de atribuciones que pertenecen al CGPJ'. Explican que al reclamar 'la competencia para determinar el reintegro de Gómez de Liaño en la carrera judicial' el Gobierno pretende el ejercicio de atribuciones que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) 'confieren al CGPJ', órgano del Estado no sometido 'a órdenes o mandatos de ningún otro poder o autoridad'.
La propuesta de acuerdo recuerda que la Constitución da competencia al CGPJ 'en materia de nombramientos' y la LOPJ que la desarrolla 'reserva al Consejo en exclusiva la competencia para el nombramiento de jueces', así como 'la separación y reintegración de jueces y magistrados en la carrera judicial'.
En el caso concreto de Gómez de Liaño -condenado por delito continuado de prevaricación en la instrucción del caso Sogecable-, los consejeros del Poder Judicial invocan la decisión del Supremo de no reintegrarle a la carrera judicial, de la que fue separado por mandato del Código Penal, al impedirlo el artículo 4 de la Ley de Indulto.
Una vez que el Supremo excluye la rehabilitación en los casos, como el de Gómez de Liaño, en que 'la pena de inhabilitación especial se ejecuta, según sus propios términos, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal', los 10 miembros del CGPJ mencionados razonan que 'de ello resulta, indubitadamente, que no cabe que el Gobierno, o ningún otro poder del Estado, dirija mandato o instrucción alguna al CGPJ, en orden a la rehabilitación, o el reingreso en la carrera judicial, en virtud de indulto, de quien haya sido separado de la misma'.
Frente a esos argumentos, con la impugnación gubernamental del criterio del Supremo, 'pretende así el Gobierno arrogarse una competencia que no tiene apoyo constitucional o legal y que incide directamente en el ámbito competencial de este Consejo', afirman los 10 proponentes.
El recurso del Gobierno al conflicto de jurisdicción es interpretado por estos consejeros como 'una vía para asumir competencias que en forma alguna le corresponden'.
En defensa de Liaño
Los 10 consejeros del poder judicial reprochan también al Ejecutivo otra invasión de atribuciones del CGPJ, en este caso en perjuicio de Gómez de Liaño. López Guerra explicó a este periódico que, 'en defensa de Liaño', los proponentes del acuerdo rechazan 'la prohibición contenida en el real decreto de indulto de que el beneficiario del mismo, una vez reintegrado en la carrera judicial, ocupe durante 25 años cargo alguno en la Audiencia Nacional', ya que es al CGPJ y no al Gobierno al que corresponde decidir sobre nombramientos.
Por otra parte, el PSOE pide que Delgado -cuyo voto puede ser decisivo en el pleno del miércoles- explique al Parlamento la aplicación de este indulto, a lo que el PP anuncia que se opondrá.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de febrero de 2001