En la planificación productiva de las explotaciones agrarias, los inmigrantes únicamente representan un input económico, otro elemento del proceso cifrable en la cuenta de resultados según la capacidad para extraer el máximo provecho a su rendimiento. A menudo, las actividades empresariales generan externalidades negativas (efectos perniciosos sobre el medio en que operan) corrientemente socializadas; es decir, esos costes añadidos acaban siendo asumidos por la comunidad a través de los poderes públicos.
La utilización masiva de mano de obra procedente de la diáspora migratoria -no olvidemos que su presencia no es fastidiosamente gratuita, sino el tumultuoso eco a las demandas de quienes rentabilizan directamente estos flujos de humanidad desesperada- también genera externalidades sociales: problemas de escolarización, overbooking en la asistencia sanitaria, escasez de alojamiento, etcétera. En definitiva, déficit, desajustes o saturaciones originados por un imprevisto shock demográfico que afectan a las dinámicas de integración y asimilación en las sociedades locales. Estas consecuencias colaterales de la inmigración repercuten notablemente sobre la ciudadanía, quedando su resolución delegada en las distintas instancias administrativas.
El empresariado, inequívoco beneficiario, debe aceptar responsabilidades y aportar una exigible contribución a fin de amortiguar esas nocivas derivaciones, además de prestar su colaboración para garantizar la constitución de imprescindibles espacios de convivencia, cooperando a despejar de obstáculos y barreras, aquí sí, este gran paso a nivel en que se ha convertido nuestra tierra.-
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de febrero de 2001