La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia ha dictaminado una sentencia por la que la Consejería de Cultura deberá indemnizar con 1.589.014 pesetas a un profesor de religión del colegio público Miguel Hernández de Orihuela. El trabajador reclamaba dicha cantidad como diferencia salarial entre lo que percibía y el salario de un profesor funcionario de la Consejería de Educación por el período que va desde marzo de 1996 hasta febrero de 1997, a lo que la Administración se había negado hasta ahora alegando que la contratación de los profesores de religión depende de las autoridades eclesiásticas.
La sentencia recuerda que el Tribunal Supremo ya estableció que 'el verdadero empleador de los profesores de Religión es la Administarción Pública por ser la destinaria de los servicios prestados' y que en este caso, es a la Generalitat a la que corresponde correr con los gastos generados por los maestros de esta materia. Aun así, la sentencia reconoce que la Administración debe poner los medios económicos para el mantenimiento de dichos docentes a disposición de la Conferencia Episcopal Española, siendo ésta pagadora por cuenta de otro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de febrero de 2001