Comisiones Obreras y UGT comenzarán la semana que viene a reivindicar en las calles el pago de los atrasos a los funcionarios. Las dos centrales anunciaron ayer el calendario definitivo de movilizaciones conjuntas, en las que también participarán CSIF -entre las tres representan al 75% de los trabajadores de la función pública- y otros sindicatos minoritarios que decidan sumarse.
La primera protesta se producirá el próximo día 13. Coincidiendo con la publicación del dato del índice de precios al consumo (IPC), un grupo de delegados sindicales se concentrará ante la sede de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de cada provincia para recordar la pérdida de poder adquisitivo que experimentan los empleados públicos con el desbordamiento de la inflación. Estas concentraciones se repetirán en marzo y en abril. El día 15 de febrero, los funcionarios están llamados a manifestarse en todas las capitales de provincia. Una asamblea estatal de delegados de la función pública evaluará la situación en el mes de mayo y en la primera semana de junio se realizará la 'gran manifestación de trabajadores de la función pública', en palabras del líder de UGT, Cándido Méndez.
Los sindicatos no han decidido aún si estas actuaciones culminarán en una huelga general del sector en junio, como habían anunciado. Todo dependerá de la respuesta del Gobierno a las movilizaciones y de cómo evolucione en los tribunales el recurso relativo a la sentencia que anuló la congelación salarial de los empleados públicos en 1997.
Carta al ministro
Por el momento, las centrales han abierto una nueva vía de negociación. Los representantes del área pública de CC OO y UGT, Carlos Sánchez y Julio Lacuerda, respectivamente, han remitido una carta al ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, en la que le piden que reanude el diálogo. 'La única manera que tiene el Gobierno de reconciliarse con los empleados públicos es aceptar esta vía de negociación', señaló Cándido Méndez.
Ni UGT ni CC OO quieren limitar las movilizaciones a exigir el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. Su objetivo es abarcar todas las reivindicaciones que motivaron la huelga general del sector el pasado 14 de diciembre: pérdida de poder adquisitivo, precariedad en el empleo público y movilidad geográfica forzosa de los funcionarios principalmente. 'Estamos defendiendo la dignificación de los empleados públicos', subrayó el secretario general de CC OO, José María Fidalgo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de febrero de 2001