La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia no ha encontrado ninguna prueba para procesar a Cervera por los delitos de tráfico de influencias, fraude, exacción legal, negociación y actividad prohibida a los funcionarios y abusos en el ejercicio de su función como alto cargo de la Administración a los que EU hacía referencia en la querella que presentó la pasada primavera. EU acusó a Cervera, anterior consejero de Sanidad, de haberse aprovechado de su condición de director general de Modernización de la Generalitat para enriquecerse desde 1995 hasta 1997.
Entre otros hechos, la juez considera que EU afirmó con 'ligereza' que la adjudicación por parte de Cervera de los proyectos del Plan Estratégico de Modernización de la Generalitat a través de la Fundación OVSI fuera fraudulenta. A este respecto la magistrada asegura que de sospechar EU que Cervera realizó contrataciones 'contrarias a la libre competencia' siempre hubiera podido impugnarlas acudiendo a los procesos contencioso-administrativos.
Respecto a la contratación de la esposa de Cervera, María Dolores Santos, por parte de la multinacional IBM con el objetivo de introducirse en el sector público, la juez afirma que dicha contratación 'resulta sorprendente' dado que aquella difícilmente podía aportar demasiados conocimientos a la empresa ya que su experiencia en el sector público se limitó a llevar la agenda personal del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Con todo, la juez critica los motivos de dicha contratación y asegura que el hecho en sí remite 'al popular mundo de las recomendaciones, enchufismos y favoritismos', lo que puede ser criticable y censurable desde la ética pero de ningún modo ilegal.
Por otra parte, la juez critica que EU no apreciara ninguna actitud delictiva en el comportamiento de Cervera hasta la publicación en la prensa, en marzo de 2000, de una información relativa a las relaciones laborales de María Dolores Santos con IBM. La juez asegura que 'aunque la prensa pueda servir de fuente de determinados conocimientos y facilitar labores y tareas de investigación, a quien legítimamente le corresponde ejercer el control político y parlamentario' es a los partidos representados en las Cortes, por lo que considera 'demagógica la actitud' de EU. Asimismo, el auto critica que EU presentara la denuncia sin esperar a que una comisión de investigación de las Cortes se pronunciara.
La juez tacha de 'temeraria' la conducta de Ribó y obliga a EU a cargar con las costas procesales. El líder de EU comparó el auto de archivo de la querella contra Cervera con los que decretaron lo mismo respecto a las presentadas por el Consell contra el anterior responsable del Ivex y por el PSPV contra altos cargos de RTVV, que también censuraban al denunciante.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de febrero de 2001