La sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial impuesta por el Gobierno a los empleados públicos en 1997 ha cimentado la firma, prevista para mañana, de un protocolo de unidad de acción entre representantes de las federaciones de Sanidad, Educación y Función Pública de CC OO y UGT.
Delegados de las dos centrales sindicales mayoritarias acudieron ayer a las Cortes para invitar a los grupos parlamentarios a presentar iniciativas para forzar al Consell a definir su posición ante una hipotética sentencia firme que obligue a la Generalitat y las corporaciones locales a desembolsar los aumentos salariales de sus empleados correspondientes a los ejercicios de 1997 y posteriores, cifrados en más de 60.000 millones de pesetas.
Los portavoces del PSPV y Esquerra Unida atendieron a los representantes sindicales de los empleados públicos. El portavoz del PP esgrimió problemas de agenda para eludir el encuentro.
Joan Ribó, portavoz de EU y sindicalista en su día, recordó que el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos en 1994 y el pacto paralelo en el ámbito de la Generalitat, alcanzado en 1995, constituyeron pasos decisivos porque las administraciones estatal y autonómica 'admitieron por primera vez la negociación colectiva' con sus empleados. Ribó aventuró que el recurso que el Gobierno ha elevado contra la sentencia y que ahora estudia el Tribunal Supremo está condenado al fracaso debido al carácter 'instrumental' de la ley de presupuestos. Y se mostró convencido de que el fallo definitivo se extenderá a los empleados de las administraciones autonómica y local.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de febrero de 2001