El juzgado de instrucción número 1 de El Prat de Llobregat (Barcelona) investiga si un agente de la Guardia Urbana de esta localidad estuvo implicado en una red dedicada a regularizar a inmigrantes de origen paquistaní de manera fraudulenta. Supuestamente, el guardia sustrajo impresos de denuncias de tráfico de las dependencias de la Policía Local, documentos con los que los inmigrantes podían demostrar su estancia en el país antes de junio de 1999, fecha límite para la regularización de ciudadanos extracomunitarios.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de agosto, cuando el Grupo de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía comunicó al Ayuntamiento de El Prat la existencia de 19 multas de tráfico a ciudadanos de origen paquistaní, fechadas todas ellas en los meses inmediatamente anteriores a la finalización del proceso de regularización. El Ayuntamiento comprobó que esas multas no constaban en sus registros, los números de los agentes que las firmaban eran inexistentes y, por tanto, habían sido falsificadas. Al mismo tiempo se descubrió que durante el primer trimestre de 2000 se había producido una sustracción de esos impresos oficiales, a los que sólo tienen acceso miembros de la Guardia Urbana.
Paralelamente, la investigación sacó a la luz que 13 agentes de la Guardia Urbana habían contratado a inmigrantes paquistaníes en 1997 y 1998 para realizar tareas domésticas en sus domicilios. No obstante, la policía asegura que no se les imputa ningún delito por esta circunstancia.
El ayuntamiento decidió entonces llevar toda la documentación al juzgado de guardia y el pasado 8 de diciembre presentó una denuncia por sustracción de impresos oficiales y falsificación documental. El consistorio ha practicado pruebas grafológicas a toda la plantilla de la Guardia Urbana, pero el resultado ha sido negativo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de febrero de 2001