Fuentes próximas a la investigación aseguran que en unos días la Fiscalía enviará a los juzgados el caso de los nueve sindicalistas de UGT que el pasado 21 de noviembre interrumpieron el pleno de las Cortes valencianas para reclamar los derechos salariales de los funcionarios. La Fiscalía habría apreciado indicios de delito en la actuación de los sindicalistas aunque en todo caso será un juzgado quien determine la tipificación del mismo. Según las fuentes consultadas los miembros de UGT habrían podido incurrir en un delito de perturbación comprendido en el artículo 497 del Código Penal y que castiga incluso con penas de cárcel a aquellas personas que 'sin ser miembros del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea legislativa de las Comunidades Autónomas perturben gravemente el orden de sus sesiones'.
Luis Lozano, secretario general de FSP-UGT y imputado en el caso, manifestó que 'acatará cualquier decisión judicial'. No obstante Lozano no pudo disimular su disgusto con la más que probable decisión del Ministerio Público de seguir adelante y señaló que nunca perturbaron el orden en las Cortes. Lozano aprovechó para recordar que el presidente del Gobierno, José María Aznar, había dicho que 'las reivindicaciones de los funcionarios les iban a salir más caras a ellos que al Gobierno'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de febrero de 2001