Hoy, como todos los días, circulo por la Nacional I hacia Madrid. Aproximadamente en el kilómetro 30 de esta autovía observo una aglomeración de coches de la Guardia Civil y al menos una docena de miembros de este cuerpo deambulando por la entrada de la urbanización Valdelagua, sita en dicho lugar. No doy crédito a mis ojos. ¿Se precisa un número tan elevado de efectivos para que Rocío Carrasco y Antonio David efectúen el intercambio de sus hijos?
Me pregunto qué ocurriría si todas las parejas divorciadas con hijos solicitaran, apelando a sus derechos constitucionales, las mismas garantías de seguridad. También me pregunto cuáles son los méritos que ha de reunir un ciudadano español para que los cuerpos de seguridad del Estado ofrezcan sus servicios de manera tan contundente y, sobre todo, quién es el responsable de evaluar 'objetivamente' las candidaturas para el uso y disfrute de este tipo de privilegios.
Si fuera concejal, juez, diputado, militar, periodista, o incluso guardia civil, no dudaría ni un minuto en regalar parte de mi intimidad a los medios de comunicación a cambio de asegurarme semejante despliegue policial.-
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de febrero de 2001