Juan Montrull, vicepresidente primero del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), asegura que las terrazas de las viviendas de protección oficial pueden llegar a alcanzar un valor de 30.000 pesetas el metro cuadro a pesar de que su cobro es ilegal. Sin embargo, muchos constructores cobran ilícitamente por ellas, de manera que una terraza de 50 metros cuadrados puede costar hasta 1,5 millones de pesetas, que el consumidor deberá pagar al margen de la terraza.
Montrull señaló que las terrazas se consideran elementos comunes de las fincas en las VPO y que por tanto no pueden ser incluidas en el precio final de las viviendas. Sin embaro, aseguró que en muchas ocasiones los constructores supeditan la compra de la vivienda al pago de un dinero extra por los metros de terraza. Según Montrull, 'no existen muchas construcciones de este tipo lo que supone que el consumidor que quiere un piso de protección oficial no tenga donde elegir'. La solución pasa, según el representante de la API, porque los ayuntamientos 'cedan suelos públicos a los constructores para edificar VPO, ya que de lo contrario continuará disminuyendo este tipo de vivienda al no salir rentable'. Así, los constructores saben a cuánto van a vender las viviendas pero desconocen lo que les va a costar la obra: 'Lo que provoca que los constructores serios no quieran invertir en este tipo de proyectos en los que pierden dinero'.
Ante esta situación, según Montrull, algunos constructores tienen que hacer composturas para salir adelante, lo que deriva en que 'algunos especuladores' se aprovechen de la situación para lograr mayores ingresos 'llegando a falsear la superficie de la vivienda'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de febrero de 2001