Las peticiones de destitución del delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez e Castro (PP), llegaron ayer también desde UGT y el Partido Andalucista (PA), cuyos responsables acusan a los responsables populares de inacción en este caso.
Carlos Dorante, secretario provincial de UGT, que tiene un representante en el pleno del organismo, criticó ayer la actitud de la alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio fiscal, Teófila Martínez, quien pretende centrar el pleno del próximo lunes en la gestión del PSOE y no en la del delegado actual.
'Es impensable que se quiera jugar con la Zona Franca hablando de lo que sucedió en 1992, en 1984 o en 1986. La presidenta de la Zona Franca debe asumir su responsabilidad y hablar de lo que se va a hacer y, si de verdad ha habido irregularidades, como parece ser que las ha habido, que cesen al responsable, que las corrijan y que trabajen en positivo', dijo Dorante.
Por su parte, el portavoz del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Cádiz, Julio Braña, presentó ayer una propuesta para que el próximo pleno municipal debata 'el cese del actual delegado de la Zona Franca' así como para que se cumplan los acuerdos del parlamento andaluz sobre el control de los fondos que ha aportado la Junta de Andalucía al Consorcio fiscal en los últimos años.
'Pedimos el cese del delegado porque éste es el tercer escándalo de la legislatura que sale a nivel nacional y está dañando muy gravemente el nombre y el prestigio de Cádiz. Siempre hemos denunciado que la poca atención que prestaba a Cádiz Teófila Martínez traería consecuencias', añadió el edil andalucista.
El diputado del PA Ricardo Chamorro acusó a Martínez y a Rodríguez de Castro de 'complicidad' porque, según dijo, conocían, cuando se hicieron cargo de la gestión de la Zona Franca, que, siendo delegado del Estado Juvencio Maeztu (nombrado por el PSOE), se cobraron sobresueldos sin declarar a Hacienda.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de febrero de 2001