El ex gerente del Consejo Comarcal del Priorat, Enric d'Anguera, cometió únicamente fraude de subvenciones, un delito que sólo es punible cuando rebasa los 10 millones de pesetas, que no es el caso. Este fue ayer el eje de la defensa del letrado del ex gerente en el juicio. Con el alegato del abogado finalizó ayer, después de 12 días de proceso, la vista sobre las irregularidades cometidas en el consejo durante la gestión del convergente Josep Maria Buil. El fiscal pide para D'Anguera seis años de cárcel.
El abogado de D'Anguera, Joan Castelló, que pide seis meses de cárcel para su cliente, fue taxativo al negar que su defendido, en connivencia con empresarios, cometiera falsedad documental o malversación de caudales públicos. Reconoció que, de haber delito, lo fue en grado de frustración o tentativa, puesto que el capital no llegó nunca a percibirse porque la subvención fue denegada.
Castelló equiparó el caso Priorat al de las peonadas en Andalucía (contabilización de días de trabajo para que los temporesros tuvieran derecho al paro) y recordó que si hubo duplicidad en los pagos a la empresa Eco-lògica fue debido al 'desbarajuste contable' existente en el consejo en aquellas épocas. El letrado añadió, además, para rechazar las acusaciones de malversación de que hubiera intencionalidad por parte de D'Anguera y sugirió que su sucesor, Marc Escolà, y el presidente democristiano del consejo, Francesc Figueras, habían magnificado las irregularidades que denunciaron y llegaron a obstruir la devolución de dinero al consejo de unas cuentas creadas por D'Anguera.
En las últimas sesiones del caso, el tribunal retiró los cargos a los cinco políticos procesados. Los cargos iniciales eran de falsedad documental, estafa y malversación de caudales públicos por la creación, desde el organismo comarcal, de empresas 'tapadera' con el objetivo de cobrar subvenciones por trabajos no realizados. La decisión del fiscal de exculpar al ex presidente del Consejo Comarcal del Priorat, Josep Maria Buil (CDC); al vicepresidente Jaume Vallès (CDC), y a los consejeros comarcales Miquel Blanch (CDC), Jaume Ferrús (CDC) y Joan Borja (PSC), se produjo cinco años después de que saliesen a la luz las irregularidades del Consejo Comarcal del Priorat.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de febrero de 2001