El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido cautelarmente varios artículos de la norma de uso del catalán del Ayuntamiento de Sabadell al considerar que su contenido puede marginar a los castellanohablantes. Entre los puntos suspendidos figuran los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 3, referidos al uso del catalán en las actuaciones de carácter interno, las actas del pleno, la redacción de documentación varia e impresos y la rotulación de oficinas y despachos, según ha informado el consistorio.
El TSJC también ha suspendido el apartado 1 del artículo 5, referido a los expedientes administrativos; el artículo 10, relativo a la documentación dirigida a otras administraciones, y el 18, relacionado con las entradas efectuadas en el registro municipal.
Ante la decisión del TSJC, el Ayuntamiento de Sabadell ha decidido instar a la Generalitat y a todos los grupos parlamentarios para que actúen 'en consecuencia con la Ley de Política Lingüística del año 1998 y den el apoyo necesario a los ayuntamientos para que puedan aplicarla'. El reglamento fue aprobado con el apoyo de todos los grupos municipales el pasado 26 de julio. En aquel momento, Convivencia Cívica Catalana decidió impugnarlo porque consideraron que atentaba contra los derechos de los ciudadanos castellanohablantes.
Pese a que el Ayuntamiento ha querido dejar claro que acatará la decisión del TSJC, también subraya que lo que cuestiona esta decisión judicial no es la aplicación de la normativa de Sabadell, sino la aprobada por el Parlament. El Ayuntamiento de Sabadell también recordó que cerca de 400 municipios tienen el mismo reglamento.
Por otra parte, la Sala de Gobierno del TSJC recordó hace unas semanas a una secretaria judicial que no podía limitar ni impedir el uso del catalán y que cualquier persona tenía derecho a utilizar esa lengua. La recomendación se produjo después de que la secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Amposta, Encarnación Martínez Rodríguez, dirigiera una queja al TSJC en la que se mostraba contraria al uso del catalán oral o escrito. Como consecuencia de ello, la secretaria llegó a negarse a firmar documentos judiciales redactados en catalán y suspendió un juicio de faltas.
Plan piloto
Cuando la secretaria tomó posesión de su primer destino,procedente de Granada, ese juzgado ya había sido incluido en el plan piloto que la Generalitat y el TSJC pusieron en marcha en 40 órganos jurisdiccionales de Cataluña para fomentar el uso del catalán. Ese plan tiene unos incentivos económicos para los funcionarios que se acogen a él y se realiza con el consentimiento del juez y del fiscal. De ahí que la secretaria se encontrase sola en su oposición a la utilización del catalán y dirigiera su queja al Tribunal Superior
de Justicia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de febrero de 2001