Los representantes sindicales de los empleados públicos se agolparon ayer ante las sedes de las delegaciones del Gobierno en las tres capitales provinciales para exigir a la Administración negociaciones de 'buena fe' sobre el Estatuto Básico de la Función Pública, clásulas automáticas de revisión salarial o ampliación a los funcionarios al servicio de la Administración autonómica de la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la congelación salarial impuesta por el Gobierno en 1997.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de febrero de 2001