La campaña sindical para exigir que el Gobierno abone a los funcionarios sus atrasos comenzó ayer su andadura en las calles. Miles de delegados sindicales (unos 20.000, según los cálculos de UGT y de CC OO) se concentraron ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España para reclamar al Ejecutivo que pague los atrasos que debe a los funcionarios desde la congelación salarial que impuso en 1997. El 23 de enero, la Audiencia Nacional declaró nula esta congelación y obligó al Ejecutivo a pagar.
Los sindicatos convocantes (CC OO, UGT y CSIF, que representan al 75% de los empleados públicos) quisieron aglutinar todas las reivindicaciones que arrastra la función pública y que los llevaron a una huelga de los funcionarios el 14 de diciembre: pérdida de poder adquisitivo, movilidad geográfica forzosa y cobertura insuficiente de las bajas en la administración. No obstante, el lema más escuchado aludía al fallo de la Audiencia. Frente a la sede del Ministerio de Hacienda, delegados de las centrales gritaban: 'Aznar, paga ya, cumple los acuerdos'.
Lo que más indigna a los sindicatos es la negativa del Ejecutivo a reunirse con ellos y abordar los problemas de la función pública, entre ellos el pago de los atrasos. El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, ha respondido a la carta que le remitieron los sindicatos el día 6 de febrero. Pero según CC OO no les cita para hablar del asunto. El ministro muestra su preocupación por el uso de la fuerza, en referencia a las movilizaciones, en este conflicto y comparte la necesidad de dialogar, aunque no lo hará hasta que el proceso finalice en los tribunales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de febrero de 2001