Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estima que la privatización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se ajusta a la ley, en contra de la opinión del sindicato CC OO, que interpuso un recurso contra la decisión de la Generalitat en junio de 1997 de privatizar dicho servicio público en Alicante. Según la central sindical, garantizar la seguridad ciudadana, de la que forma parte la seguridad vial, es una obligación de los poderes públicos. Desde este punto de vista, CC OO considera que las ITV deben tener sin duda un carácter de servicio público. La central sindical además argumentó en su momento que la explotación del servicio de ITV no podía dejarse en manos de empresas privadas con ánimo de lucro en régimen de concesión administrativa, ya que ello supondría una dejación de funciones por parte de la Administración.
El TSJ, por su parte, considera que CC OO no está legitimada para revisar el decreto de la Generalitat que privatiza las ITV, ya que la central no actúa en defensa de los intereses de los trabajadores afectados por dicha privatización, sino por un interés respecto a la legalidad vigente. Además, considera que el Consell está facultado para tomar la decisión impugnada.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de febrero de 2001