La Delegación del Gobierno en Cataluña dio ayer un nuevo portazo a los 700 inmigrantes indocumentados encerrados en 10 iglesias de Barcelona al considerar roto el acuerdo firmado la semana pasada. La Delegación considera que las nuevas demandas de los inmigrantes -ampliar la regularización a todos los sin papeles de España- son 'inasumibles'. Sin embargo, los encerrados consideran que sus peticiones tienen cabida dentro de la nueva Ley de Extranjería y acusan al Gobierno central de ser el responsable de la ruptura del acuerdo al negarse a continuar con las negociaciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de febrero de 2001