La Consejería de Servicios Sociales y distintas entidades del movimiento asociativo en defensa de los discapacitados madrileños firmaron ayer el acuerdo por el que se fija el nuevo sistema de precios públicos en los centros de atención a discapacitados ya sean propios, concertados o contratados de la Comunidad. El presidente del Gobierno regional, Alberto Ruiz-Gallardón, definió el acuerdo firmado como 'un hito', ya que, según dijo, 'en Madrid, las rentas de los discapacitados y de sus familias no tendrán que soportar la atención a los mismos, al correr a cargo de las administraciones públicas'.
De esta forma, del presupuesto global, cercano a 20.000 millones de pesetas, de estas plazas, el 97% será costeado por la Administración regional, y el importe restante, mediante las pensiones públicas de los afectados o, en su caso, por el IRPF.
El acuerdo fue suscrito por un total de 10 federaciones y asociaciones no federadas, algunos de cuyos representantes expresaron públicamente la satisfacción por su consecución.
Este acuerdo, pionero en España, es un 'objetivo' para 'los que todavía no lo han alcanzado', subrayó Ruiz-Gallardón, quien se comprometió a dotar a este 'instrumento' de 'calidad de gestión'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de febrero de 2001