El grupo parlamentario del Partido Popular quiere llevar a la arena política el caso de la recalificación como urbanizables de unos terrenos de alto valor ecológico en el municipio de Tarifa en 1990, conocido como el caso Atlanterra por el nombre de la empresa promotora. El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, anunció ayer que su partido pedirá en el pleno de la Cámara que se celebra esta tarde la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso ya que, a su juicio, 'podría existir una trama bajo el posible amparo de los socialistas para crear un holding urbanístico'.
El PP quiere depurar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de la decisión de la Comisión Provincial de Urbanismo de Cádiz de aprobar la recalificación de los terrenos donde estaba planeada la urbanización, en 1990. Como esta petición ya había sido rechazada con anterioridad por el organismo dependiente de la Consejería de Obras Públicas, los populares consideran que el súbito cambio de opinión de la citada comisión sólo puede deberse a la intermediación del empresario Antonio Blázquez. Éste firmó un contrato con los promotores de la urbanización para mediar en el conflicto a través de su empresa Ibercompra.
Sanz considera que el entonces delegado de Fomento, Antonio Perales, el ex consejero de Medio Ambiente y entonces delegado de Gobernación, José Luis Blanco, y el hermano de éste y en aquel momento delegado de Medio Ambiente, pudieron haber cometido alguna irregularidad para forzar una decisión favorable de la comisión .
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de febrero de 2001