El ministro francés de Interior, Daniel Vaillant, ha decidido dar marcha atrás, al menos parcialmente, y autorizar 'la libre circulación' de los 908 kurdos abandonados el pasado 17 de febrero en plena Costa Azul. Según el ministro, las demandas de asilo 'no son manifiestamente infundadas' y, por tanto, se renuncia a la 'retención administrativa' para darles a todos un plazo de ocho días 'para que presenten su demanda de asilo ante la prefectura' de Fréjus.
El Gobierno francés corrige así la mala impresión dada a la opinión pública a través de declaraciones que ponían de relieve, ante todo, una negativa a cualquier 'regularización masiva' ante el temor de que fuese interpretada como una 'prima a los traficantes de hombres'.
La imagen de los kurdos abandonados en medio de una playa de millonarios, de los centenares de niños mantenidos tras las alambradas o de la ciudadanía arrojando cigarrillos, ropa y comida por encima de las vallas anulaba el impacto de todo razonamiento político. La misma Francia a la que tanto agrada recordarse como patria de los derechos humanos no podía seguir manteniendo prisioneros en un hangar militar a los 908 kurdos.
Un total de 20 jueces, con sus correspondientes traductores, intentaron interrogar ayer a los más de 400 adultos del grupo de inmigrantes kurdos para elaborar informes individualizados sobre qué demandas de asilo político debían ser tomadas en cuenta.
Ahora, durante ocho días, los kurdos podrán optar por legalizar su situación, por intentar viajar hacia otro país -que, como máximo, sólo puede devolverles a Francia- o por convertirse en unos clandestinos más de los muchos que viven en suelo francés.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de febrero de 2001