La Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que agrupa a más de 80.000 ganaderos de explotaciones de tipo familiar, ha anunciado su intención de recurrir ante la Audiencia Nacional la orden del Ministerio de Agricultura -del pasado 13 de enero- por la que cada ganadero se responsabiliza de que sus animales no presentan síntomas del mal de las vacas locas y están libres además de otras 25 enfermedades, al menos hasta 30 días antes del sacrificio. Este trámite, obligatorio tras detectarse en España las primeras reses con encefalopatía espongiforme bovina, está siendo 'firmado a ciegas' desde su entrada en vigor, según su presidente, Fernando Moraleda. 'Nos obligan a certificar la ausencia de enfermedades sobre las que lo desconocemos prácticamente todo, porque sin firmar ese papel no podemos llevar a las vacas al matadero, lo que supondría nuestra ruina. Es un sistema fuera de toda lógica', añade.
En el recurso se menciona también que dicho aval -previo a la firma del veterinario asignado a la explotación- corresponsabiliza a los ganaderos si una res enferma a la que ellos dieron por sana en el certificado causa daño a la salud humana. 'Es un riesgo que ni queremos correr nosostros ni que lo sufran los consumidores', comenta el portavoz de UPA.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de febrero de 2001