Próximamente van a comenzar las negociaciones entre el Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para fijar la financiación autonómica del próximo quinquenio (2002-2006), pero la Junta de Andalucía no está dispuesta a que la merma de recursos que, en su opinión, ha sufrido en los últimos cinco años se quede en el sueño de los justos. De hecho, en las reuniones entre los dirigentes federales y autonómicos del PSOE para mantener una posición común ante el nuevo escenario, ha quedado claro que es necesario compensar las pérdidas que han sufrido las comunidades gobernadas por los socialistas con el modelo de financiación vigente.
La consejera de Economía recordó ayer en la Cámara que Andalucía hizo una propuesta en 1996 sobre la financiación autonómica, basada en la creación de una cesta de impuestos, que fue rechazada entonces por el ministro de Economía, Rodrigo Rato, por considerarla inviable. Ésta es la tesis que, curiosamente, defiende el Gobierno central y que fue recogida en primer lugar por el presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, del PP. Esta negativa del Gobierno provocó que Andalucía se excluyese del modelo de financiación vigente y se esté rigiendo por el anterior (1992-1996).
Esta cesta de impuestos, recordó Álvarez, supone una verdadera corresponsabilidad fiscal para las autonomías, cuestión que, a su juicio, no se ha resuelto con el actual modelo, que como máxima novedad preveía la cesión del 30% del IRPF a las autonomías.
La titular de Economía subrayó que la financiación autonómica tiene que responder a tres objetivos básicos: conseguir la suficiencia de las comunidades, aumentar su autonomía financiera y garantizar la solidaridad y la cohesión entre los territorios. Álvarez hizo hincapié en que el modelo actual no ha sido capaz de responder a estos fines.
Como base previa para cualquier negociación, la Junta quiere que el Gobierno compense las pérdidas que ha tenido con el actual modelo de financiación, sobre todo por el no reconocimiento del censo real de la comunidad a efectos financieros.
Álvarez considera que la cesta de impuestos debe estar formada por el IRPF, aunque con reformas sustanciales; el Impuesto sobre el Valor Añadido y los impuestos especiales (tabaco, carburantes, matriculación). La consejera de Economía afirmó que, con este modelo, sería innecesario establecer un mecanismo de garantía para fijar unos recursos mínimos, pero que se podría establecer por si se produce algún desequilibrio.
Asimismo, la titular de Economía reclamó la participación de las comunidades autónomas en la gestión de la Agencia Tributaria, para lo que sería necesario redifinir 'su estatus actual, vinculándola a las comunidades autónomas'. También consideró preciso potenciar los mecanismos de nivelación y solidaridad interterritorial.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de febrero de 2001