Las cinco universidades públicas, la mayoría de ellas inmersas en procesos electorales internos,acordaron ayer que sean sus respectivas juntas de gobierno las que analicen y se pronuncien sobre el anteproyecto de Ley de Consejos Sociales con el que el PP pretende controlar las instituciones académicas al ampliar a 35 el número de miembros, e incrementar la presencia política.
Las juntas de gobierno serán las que redacten las correspondeintes alegaciones y presenten, si lo consideran conveniente, un recurso de inconstitucionalidad, al tiempo que pedirán unánimemente la 'imediata retirada' del documento. La primera en pronunciarse será la Universidad Politécnica de Valencia que, en la Junta de Gobierno de la próxima semana, llevará un informe jurídico con las distintas alternativas previstas para dar la batalla jurídica en caso de que el PP apruebe el anteproyecto en las Cortes Valencianas.
Los rectores respaldan que haya un mayor protagonismo de la sociedad, pero critican 'el intervencionismo político' y aseguran que en algunos aspectos la reforma atentaría contra la autonomía universitaria.
Por su parte, el Consejo de Alumnos de la Universidad de Alicante presentó ayer sus alegaciones, en las que piden que se reduzca a 25 el número de presentantes en los consejos sociales y que las universidades mantengan su representatividad y se limite el acceso de los colegios profesionales. Rafael Martínez, representante de alumnos en el consejo social de Alicante, dijo que la propuesta 'está plagada de errores y es un bodrio inadmisible'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de febrero de 2001