El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, pidió ayer que el Tribunal de Cuentas fiscalice la gestión desarrollada por el Ejecutivo del GIL en Ceuta, donde gobernó entre agosto de 1999 y febrero de 2001. El dirigente socialista, que participó en un acto con militantes del PSOE ceutí, solicitó al nuevo Gobierno local, presidido por Juan Vivas, del PP, que contrate auditorías externas para comprobar la salud financiera de la institución autonómica y clarificar la actuación de Antonio Sampietro, el anterior presidente.
'La vida pública tiene que ser transparente y si en Ceuta ha planeado la sombra de la corrupción debe ser el propio Gobierno el que intervenga directamente, bien pidiéndoselo también al Tribunal de Cuentas o auditando. Desde el PSOE nos hubiera gustado que ésta hubiera sido la primera decisión y no el nombramiento del marido de una tránsfuga como director general', dijo en referencia a Francisco Cazalla, esposo de la tránsfuga socialista Susana Bermúdez, gracias a cuyo voto el GIL logró gobernar en Ceuta, a quien solicitó que devuelva su escaño al PSOE.
Blanco consideró que el pacto tripartito que gobierna hoy en la ciudad autónoma 'no es el mejor para Ceuta, puesto que una parte de sus componentes ya participaron en el Ejecutivo del GIL'. De hecho, ayer mismo, el consejero de la Presidencia, Juan José Rosales, ex consejero de Personal del GIL, afirmó que los dos ex vicepresidentes Manuel de la Rubia y Juan Carlos Ríos habían cobrado el año pasado casi 23 millones de pesetas entre ambos por la asistencia a los consejos de administración de las sociedades municipales, a 100.000 pesetas por reunión.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de febrero de 2001