La Generalitat contará con los seis meses que solicitó de prórroga al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana para realizar más estudios técnicos con el fin de ejecutar la sentencia que declara ilegales las obras de rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto. Así lo ha determinado un auto del TSJ que se dio a conocer ayer. A pesar de la oposición a dicho aplazamiento del abogado que inició todo el proceso, Juan Marco Molines, el TSJ asegura que en realidad no ha habido objeción alguna a la demora solicitada.
El auto acuerda que se fije en seis meses el plazo 'para que la Generalitat Valenciana realice los estudios técnicos necesarios para la ejecución de la sentencia'. Tras considerar las 'alegaciones' de Molines 'acerca de la dificultad técnica que entraña la ejecución de la sentencia, pese a la existencia de informes solicitados a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia y del Instituto Técnico de Materiales y Construcciones', cuyo resultado desconoce el tribunal, los magistrados concluyen que no se opone a la petición de la Generalitat, con la que también está conforme el Ayuntamiento de Sagunto. Esta interpretación del tribunal podría deberse a la ambigüedad con la que Marco Molines expuso su oposición. De hecho, el abogado se mostró ayer igual de ambiguo que en sus alegaciones al manifestar que 'se había conseguido lo fundamental'. El letrado advirtió que en lo sucesivo ya no habrá 'más prórrogas'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de febrero de 2001