La Comunidad quiere poner cerco a las grúas piratas. El Consejo de Gobierno aprobó ayer un proyecto de decreto que obligará a los responsables de las grúas a entregar un presupuesto detallado antes de llevarse el vehículo.
Este proyecto, que se remitirá al Consejo Económico y Social, establece que el presupuesto se convertirá en una orden de servicio cuando se preste con cargo a una compañía de asistencia. Además, los profesionales y empresas del sector estarán obligados a entregar, también con carácter previo a la prestación del servicio, una hoja informativa en la que consten sus datos y las tarifas de las operaciones que pretenden realizar.
Los responsables de las grúas deberán disponer, asimismo, de hojas de reclamaciones, de facturas y de justificantes que acrediten las operaciones. La intención del Gobierno, que asegura contar con informes de los sectores afectados y del Consejo de Consumo regional, es dar respuesta a las demandas de los conductores y extremar la protección de sus derechos. 'Los conductores se ven frecuentemente en situación de inferioridad por la premura necesaria para la prestación del servicio, normalmente tras una avería o siniestro, lo que les impide adoptar una decisión con serenidad', explicó Manuel Cobo,consejero de Presidencia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de febrero de 2001