El fiscal de delitos laborales de la Audiencia de Alicante, Miguel Gutiérrez, ha solicitado para un empresario de la construcción, B. J. L. G., de 27 años, dos años de prisión y una indemnización de más de 30 millones de pesetas por el fallecimiento de una trabajador mientras faenaba en el polígono de Las Atalayas de Alicante, en 1999. Al empresario se le imputa un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que la obra carecía de las preceptivas normas de seguridad, y otro por imprudencia grave.-
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de febrero de 2001