El acuerdo por fin aprobado sobre precios públicos a discapacitados es un juego de palabras que distorsiona muy astutamente el fondo de la cuestión.
Ustedes hacen gala de que el 50% que han de pagar lo harán sobre la pensión (ya que el minusválido es una persona con deberes y derechos), pero nada más lejos de la verdad. Lo único que han cambiado en connivencia con FEAPS es que haya un tope máximo de pago que ha de ser el de la pensión; porque, señores, se siguen teniendo en cuenta los ingresos familiares para hallar la renta per cápita y establecer la consiguiente tasa. Y, por tanto, es ilegal a todas luces, ya que entran en una doble tributación por parte de la familia del minusválido, toda vez que ya pagan a su tipo marginal en el IRPF.
Señores, invéntense otro sistema, pues me da que les va a llover más de un recurso (sobre todo de los centros públicos por ser los más afectados), una vez que comuniquen a cada usuario la tasa a aplicar.
Señora consejera de lágrima fácil, luche por la gratuidad que es nuestro mensaje, y mientras llega aplique el porcentaje única y exclusivamente sobre la pensión, prestación o mínimo familiar, que es muy distinto.-
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de febrero de 2001