La asamblea general de Valencia Acoge, asociación de ayuda a los inmigrantes, expresó ayer su malestar ante 'la intransigencia' mostrada por el Gobierno central hacia los sin papeles que permanecen encerrados en una parroquía de Valencia, en particular, y hacia todos los afectados por la reciente entrada en vigor de la Ley de Extranjería, en general.
Valencia Acoge emitió una nota en la que sugiere que 'si no se busca una salida rápida' para afrontar la situación de desamparo en la que se mueven los inmigrantes sin papeles, el caso puede tener 'graves consecuencias' que obligarían a las entidades de solidaridad a replantearse su papel 'ante un nuevo escenario de mayores dificultades para la convivencia, la integración y la negociación con un Gobierno que es inflexible'.
La iniciativa de la Policía Local de Gandia, que ha iniciado los trámites para expulsar a cinco inmigrantes sin identificar el supuesto delito que se les atribuye, es sólo un botón de muestra de esa 'intrasigencia' gubernamental que denuncia Valencia Acoge.
La asamblea de la organización renovó su dirección e introdujo varios cambios en su organización interna forzados por el aumento del volumen de trabajo a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Extranjería, la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno y, sobre todo, por 'la llegada masiva de ciudadanos de Ecuador y del Este de Europa' a Valencia.
Como gesto de solidaridad hacia los sin papeles que permanecen encerrados en Valencia, la organización invita a todos los ciudadanos a sumarse el próximo miércoles a las 20.30 a una cadena humana desde la parroquía de Santo Tomás hasta la sede de la Delegación del Gobierno.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de febrero de 2001