La acogida favorable del ministro del Interior, Jaime Mayor, a la propuesta del PSOE para dar permisos transitorios de residencia a los inmigrantes que tengan una oferta de empleo en España fue celebrada ayer por la mayoría de los sindicatos, ONG y asociaciones de inmigrantes. CC OO y UGT resaltaron la conveniencia de regularizar a los extranjeros en función de un requisito 'objetivo' como la oferta de trabajo. Paloma López, secretaria de política social de CC OO, recordó que esa propuesta ya la hizo su sindicato cuando entró en vigor la Ley de Extranjería: 'Se trata de aprovechar el artículo 31.4 de la norma, que habla de documentar a las personas por situación de arraigo o razones humanitarias, y vincularlo a la posesión de una oferta de trabajo', explicó.
Tanto López como su colega de UGT Almudena Fontecha opinan que al consenso que se vislumbra deben ser incorporados los sindicatos y los empresarios, para que se formalicen los contratos de trabajo. 'Éste es un buen inicio de las conversaciones', afirma Fontecha. 'De esta forma, los empresarios se verán obligados a poner los contratos encima de la mesa'.
Mustafa El Mrabet, portavoz de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, vaticina que 'un acuerdo de estas características acabaría de inmediato con la tensión que últimamente se respira en la calle'.
'El Gobierno se metió en este baile porque pensó que sólo íbamos a protestar tres ONG y la izquierda', declara la presidenta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y diputada del PSOE Delia Blanco. 'No podía imaginar que fueran los propios inmigrantes los que ejercieran masivamente sus derechos, precisamente cuando se los estaban negando. Si ahora el Gobierno está dispuesto a regularizar a los extranjeros por el artículo 31, estupendo'.
Más críticos se mostraron la Asociación Pro Derechos Humanos y de SOS Racismo. Para la primera, ésta es 'una solución transitoria. Todos los que tengan una oferta de empleo deben ser regularizados, pero de forma definitiva'. Para SOS Racismo la solución propuesta 'es otro parche, porque mantiene conceptos jurídicos indeterminados recurriendo a motivos excepcionales'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de febrero de 2001