Los acuerdos firmados con la Delegación del Gobierno establecen que esta Administración revisará con criterios de 'máxima amplitud' las solicitudes de permiso de residencia rechazadas durante el último proceso extraordinario de regularización. La Administración también está dispuesta a regularizar a los inmigrantes llegados antes del pasado 24 de enero que acrediten tener una oferta de trabajo. Los extranjeros que no puedan acogerse a estas condiciones podrán pedir un permiso temporal de residencia por motivos humanitarios o si acreditan una situación de arraigo. La inconcreción de estos últimos términos incluidos en la Ley de Extranjería hace pensar a los encerrados que la mayor parte de ellos podrá regularizarse aunque no disponga aún de una oferta de trabajo.
Pero todavía quedan algunas asperezas por limar. Los inmigrantes anunciaron que abandonarán el encierro cuando el Gobierno acepte incluir un anexo al acuerdo alcanzado el pasado 8 de febrero. Este anexo compromete por escrito a la Administración a aplicar los procedimientos de excepcionalidad previstos en la Ley de Extranjería, como la concesión de permisos por motivos humanitarios o de arraigo.
Un portavoz de la Delegación del Gobierno reiteró ayer que la Administración no tiene intención de firmar este nuevo documento, aunque aseguró que lo tomará en consideración cuando se reúna la mesa de seguimiento. Este organismo se reunirá cuando los inmigrantes salgan de las iglesias y en él estarán representados sindicatos, ONG y representantes de los sin papeles.
La gran preocupación de los encerrados es ahora saber dónde vivirán cuando salgan de las iglesias. Muchos de ellos no tienen a dónde ir, por lo que ayer volvieron a solicitar que las instituciones les ayuden a buscar una vivienda temporal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de febrero de 2001