La Diputación de Valencia aprobó ayer, con los votos favorables del PP y UV, y en contra del PSPV y EU, ampliar la concesión de la actividad de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Ador otros 12 años más, y abrió el concurso para la adjudicación de la explotación de la polémica fábrica de compostaje. Populares y regionalistas desestimaron así las peticiones de cierre de los ayuntamientos afectados por la proximidad de la planta a sus cascos urbanos y de la plataforma cívica que desde diciembre pasado ha convocado protestas.
De las alegaciones que seis municipios presentaron contra el pliego de condiciones del concurso, finalmente la Diputación sólo aceptó a trámite las de Rótova, que fueron rechazadas ayer. Este Ayuntamiento, gobernado por el PP, exigía el desmantelamiento de la fábrica y su ubicación en otro emplazamiento. La diputada socialista, Pepa Bonet, apoyó la demanda de Rótova, y pidió suspender la tramitación del concurso para estuidar 'una nueva ubicación de la planta' de acuerdo con el Plan Integral de Residuos. El PP desestimó la medida.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de febrero de 2001