Aunque la presidencia de la comisión pertenece a la concejal socialista Isabel Vilallonga, el PP dispone de mayoría absoluta. Esto fue determinante a la hora de declarar nulos los cursos. El concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, representante del equipo de gobierno, explicó las razones de las distintas anulaciones: '19 de los cursos han sido declarados desiertos; 3 eran de la empresa Infomar [contra la que está querellado el Ayuntamiento por estafa, ya que cobró subvenciones por cursos que nunca impartió]; 13 se han anulado por falta de documentación administrativa y los 19 restantes no se llevarán a cabo por falta de alumnos'. Bujidos aseguró, al término de la sesión, que 'aunque hay que extremar los mecanismos de control en el Imefe, no existen razones para paralizar su actividad. La institución funciona perfectamente'.
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El escándalo de los cursos del Imefe saltó a principios de febrero, cuando se descubrió que la empresa Infomar había cobrado cerca de 40 millones de pesetas al Ayuntamiento y a la Unión Europea por cursos de formación a presos que no se impartieron. A raíz de esto, el alcalde, José María Álvarez del Manzano, del PP, ordenó abrir una comisión de investigación, cuya primera fase terminó ayer.
Destitución
Hasta ahora, y entre otros, ha comparecido el anterior responsable de formación, Luis Solana, destituido en febrero por su amistad con uno de los socios de Infomar. Los representantes de la oposición reclamaron ayer la nulidad de todos los cursos adjudicados en 2000 y previstos para 2001 porque, a su juicio, Solana fue el principal artífice de su selección y adjudicación, y, por tanto, pende sobre ellos la sombra de la sospecha.
Inés Sabanés, de IU, señaló que 'la programación de 2001 del Imefe nace de forma irregular, sin garantías, debido a que nadie se ha hecho responsable de ella'. La presidenta del Imefe, María Antonia Suárez, del PP, que compareció ayer, aseguró que desconocía la gestión interna de la institución. 'En una palabra, Suárez nos ha contado que el trabajo de presidenta consiste en no enterarse de lo que pasa a su alrededor, y ha aclarado que la responsabilidad de esa gestión interna pertenece al gerente, Ricardo Peydró', señaló Isabel Vilallonga. Peydró ofreció su dimisión cuando el escándalo salió a la luz, pero el alcalde prefirió mantenerlo en su puesto, en principio, hasta que terminara la comisión de investigación.
Las investigaciones se centrarán ahora en los cursos de años anteriores a 2000, que esconden, según Vilallonga, 'muchas cosas'. El Ayuntamiento ya se ha comprometido a devolver a la Unión Europea más de cinco millones de pesetas por los cursos no impartidos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de marzo de 2001