El singular conjunto -60 viviendas y 10 locales comerciales, aunque poco más de una tercera parte habitadas-, presenta un avanzado estado de deterioro, que según se quejan sus vecinos, lo hacen casi inhabitable. Los inquilinos, en régimen de renta antigua y en su mayoría pensionistas, han llegado a denunciar en el juzgado a la propietaria, la sociedad Cufema 97, de realizar destrozos con el fin de conseguir la declaración de ruina, mientras que acusan al Ayuntamiento de 'manifiesta inactividad'. El pasado 7 de febrero, los inquilinos pidieron por escrito al Ayuntamiento protección policial para evitar nuevos 'actos vandálicos y más destrucción'.
Cufema 97 se hizo con la propiedad en mayo de 1998. Pagó a su anterior dueña, Ana Pérez Pons, 190 millones de pesetas, cantidad muy inferior al valor que según las peritaciones de dos agencias inmobiliarias tendría la construcción de nuevos edificios, entre 490 y 550 millones de pesetas, aunque habría que detraer unos 240 millones en que se estima el coste de indemnizar a los inquilinos. La mayoría de la viviendas sólo tiene planta baja, pero el PGOU actual permite en las dos manzanas alzar planta baja más dos plantas.
Desde aquel cambio de propiedad, también la actitud del Ayuntamiento ha variado notoriamente. Desde 1994 el consistorio instó en varias ocasiones a la anterior propietaria a realizar una serie de obras de arreglo que no se ejecutaron, e incluso la sancionó con 438.406 pesetas. En 1997 recibió una subvención del Instituto Municipal de la Vivienda de 2.497.996 pesetas, el 40% del proyecto de rehabilitación aprobado, pero el propio arquitecto que este organismo municipal eligió para dirigir la rehabilitación desistió por entender que era insuficiente para las necesidades reales de la barriada.
Los vecinos se quejan de que el Ayuntamiento no ha sido ni tan celoso ni persistente con los nuevos propietarios. En enero de 1999, la comisión de Urbanismo aprobó por unanimidad que el consistorio actuara de forma subsidiaria para rehabilitar las viviendas, lo que hasta ahora no ha ocurrido. En febrero de 2000, y también por unanimidad y de nuevo a instancias de IU, el pleno municipal aprobó otro acuerdo para 'ejecutar subsidiariamente las órdenes ya incumplidas'. Pero ni la propiedad ni el Ayuntamiento han hecho nada.
El concejal Ramos asegura que no le consta que el Ayuntamiento se comprometiera nunca a hacer reformas e insiste en que ante las deficiencias estructurales de la barriada la mejor solución es 'echarla abajo' y que inquilinos y propietarios lleguen a un acuerdo que permita la declaración de ruina.
Para IU este caso es 'un claro ejemplo de la connivencia con operaciones especulativas del PP, que está más interesado en beneficiar los negocios de algunos que la defensa de los intereses de los ciudadanos'. Su portavoz, José Luis Portillo, asevera que las palabras de Ramos son un buen reconocimiento de ello.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de marzo de 2001